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Las empresas fueron forzadas a comprarle al Estado Peruano bonos obligatorios por un valor que llegaba hasta el 30% de las utilidades brutas que las empresas habían obtenido en 1986 (69). Con esta medida, el Gobierno provocó airadas reacciones en el sector empresarial. Al poco tiempo, algunas empresas fueron exoneradas del pago obligatorio y finalmente el programa fue cancelado.
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